Pérdidas financieras directas: Los ataques pueden resultar en la pérdida inmediata de dinero. Por ejemplo, cuando un ciberdelincuente obtiene acceso a cuentas bancarias o sistemas financieros, puede transferir fondos, realizar transacciones fraudulentas, o robar criptomonedas. También, en el caso de un ataque de ransomware, las víctimas a menudo se ven obligadas a pagar un rescate para recuperar el acceso a sus datos o sistemas.
Costos de recuperación: Después de un ataque cibernético, las organizaciones deben invertir en la reparación de sistemas afectados, la restauración de datos, la actualización de medidas de seguridad y la implementación de mejoras en la infraestructura tecnológica. Esto puede incluir la contratación de expertos en ciberseguridad, servicios de auditoría y análisis forense, y la compra de nuevas herramientas de seguridad.
Interrupción de operaciones comerciales: Los ataques que afectan la disponibilidad de los sistemas (como los DDoS o el ransomware) pueden provocar la interrupción total o parcial de las operaciones de una empresa. Esto conlleva a pérdidas de ingresos debido a la imposibilidad de brindar servicios, cumplir contratos o atender a los clientes. Por ejemplo, un banco que sufre un ataque que interrumpe su sistema de banca en línea puede perder ingresos por transacciones fallidas y clientes insatisfechos.
Multas y sanciones regulatorias: Las organizaciones que no cumplen con las normativas de protección de datos (como el Reglamento General de Protección de Datos – RGPD en Europa, o las leyes de privacidad de datos en EE. UU.) pueden enfrentar multas significativas si se determina que no tomaron las medidas adecuadas para proteger la información de sus clientes. Por ejemplo, una fuga de datos personales de una empresa puede dar lugar a sanciones económicas severas si se considera que no se cumplió con las normas de seguridad requeridas.