En el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre) están recogidas aquellas conductas punibles relacionadas con el cibercrimen.

Como apuntábamos al comienzo del tema, existen conductas que pueden dar lugar directamente a la comisión de un delito informático o subsidiariamente, es decir, existen conductas que directamente son consideradas como punibles al usar un soporte informático o material informático para causar el daño en un bien jurídico (por ejemplo, aprovecharse de la red WIFI de un vecino protegida con clave provocándole un perjuicio al mismo), y otras que son llevadas a cabo
siendo la informática un “medio” para el fin (por ejemplo, utilizar portales de anuncios en internet para estafar haciendo creer que lo que se vende es real, siendo, lógicamente un timo).
Podríamos pensar que existe un título en el propio Código que se dedicara a regular aquellas conductas ilícitas relacionadas con la informática, pero no es así. Es decir, no existe en el Código Penal un Título, Capítulo, Sección, etc. que se denomine “de los delitos informáticos”.

Con la terminología de delito informático definimos a todo ilícito penal llevado a cabo a través de medios informáticos, y que está íntimamente ligado a los bienes jurídicos relacionados con las tecnologías de la información o que tiene como fin estos bienes.

En los siguientes apartados vamos recogeremos aquellas conductas o delitos relacionados con la informática, o bien aquellas que se pueden cometer como medio de la misma.
Todos estos delitos, se hallan recogidos en el Código Penal Ley 10/1995 y actualizados conforme a su última modificación del año 2015 (L.O. 1/2015 de 30 de marzo).

Estas normas están diseñadas para proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas y datos, así como para sancionar las actividades delictivas que se producen en el ciberespacio.

1. Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y datos
El Código Penal castiga el acceso no autorizado a sistemas informáticos y redes, así como la interceptación ilegal de comunicaciones electrónicas. Los ataques informáticos, que incluyen la introducción de virus, malware o ataques de denegación de servicio (DDoS), también están penados. Estos delitos afectan la seguridad de los sistemas y la protección de la información.

2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
La legislación penaliza la reproducción no autorizada y la distribución ilegal de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual, como software y contenido digital. Asimismo, se sancionan las actividades relacionadas con la falsificación de marcas, patentes y diseños industriales. Estas infracciones pueden incluir la producción y venta de productos falsificados o piratas.

3. Delitos relacionados con el fraude y la estafa
Se contemplan delitos como el fraude informático, que incluye el uso de tecnologías para engañar y obtener beneficios económicos indebidos. El phishing, la suplantación de identidad y el acceso no autorizado a cuentas bancarias son ejemplos de estafas que el Código Penal busca sancionar. La legislación establece penas para quienes utilicen la tecnología para manipular sistemas y cometer fraude.

4. Delitos contra la seguridad y el orden público
El Código Penal aborda los delitos relacionados con la creación y distribución de software malicioso. También se penaliza la explotación de vulnerabilidades en sistemas informáticos para obtener acceso no autorizado. Estas actividades afectan gravemente la seguridad y la integridad de los sistemas informáticos.

5. Delitos relacionados con la privacidad y la protección de datos
La divulgación de datos personales obtenidos de manera ilícita está penalizada. La captación, reproducción o almacenamiento de datos personales sin el consentimiento de los interesados también se considera un delito. Estas disposiciones buscan proteger la privacidad y garantizar que la información personal se maneje de manera adecuada y legal.

Medidas de Prevención y Protección
Incautación y Destrucción de Equipos: Los tribunales tienen la autoridad para ordenar la incautación y destrucción de equipos informáticos utilizados en la comisión de delitos. Esto incluye la eliminación de software malicioso y otros elementos que puedan haber sido empleados en actividades ilícitas.

Reparación del Daño: El Código Penal permite a los jueces imponer la obligación de reparar el daño causado a las víctimas de delitos informáticos. Esto puede incluir compensaciones económicas para quienes hayan sufrido pérdidas o perjuicios como resultado de las actividades delictivas.

Cooperación Internacional: Dado que la ciberdelincuencia a menudo tiene un carácter transnacional, el Código Penal fomenta la cooperación con autoridades internacionales para la persecución de delitos que cruzan fronteras. Esta cooperación es esencial para abordar eficazmente las amenazas globales en el ciberespacio.

Conclusión
El Código Penal Español ha adaptado sus disposiciones para abordar la ciberdelincuencia de manera efectiva, reconociendo la complejidad y el dinamismo de los delitos informáticos. La legislación busca proteger los derechos individuales y la seguridad de los sistemas informáticos, imponiendo sanciones adecuadas para los infractores y estableciendo mecanismos para la reparación del daño y la cooperación internacional.